La redada de ICE en Manhattan: tensión, protesta y debate sobre migración en 2025

El martes 21 de octubre de 2025, una operación de la agencia federal de inmigración ICE generó un alboroto en las calles del Bajo Manhattan, específicamente en la zona Canal Street, que es parte del barrio chino. La operación provocó una variedad de protestas, solicitudes de los ciudadanos y cuestionamientos sobre el alcance e impacto que las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump estaban teniendo.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con reportes del DHS (Department of Homeland Security), la operación se caracterizó como una “acción de cumplimiento guiada por inteligencia” centrada en la actividad delictiva asociada a la comercialización de productos falsificados. Se comunicó que se arrestaron, por sospechas de que estaban en el país sin estatus legal, a un mínimo de nueve migrantes procedentes de Malí, Guinea, Mauritania y Senegal.

No obstante, las organizaciones comunitarias y los testigos denunciaron que la operación fue más extensa y tensa de lo que se había informado: agentes federales cubiertos con pasamontañas, vehículos militares, arrestos en espacios públicos, confusión entre peatones y comerciantes ambulantes, así como ciudadanos que protestaron airadamente contra el accionar de los oficiales.

La operación no fue aleatoria, sino que se fundamentó en inteligencia, de acuerdo a lo declarado por Todd Lyons, director interino de ICE. La operación tenía como objetivo a los “criminal aliens” (inmigrantes con un pasado criminal) que habían sido liberados previamente.

No obstante, uno de los sucesos más preocupantes fue que durante la redada, al menos cuatro ciudadanos de EE. UU. fueron arrestados y mantenidos bajo custodia por cerca de 24 horas sin acusaciones formales.

Reacciones: del barrio a los pasillos del poder

Protestas instantáneas

Unas horas después de las detenciones, centenares de individuos se reunieron en la calle, frente a las oficinas federales de 26 Federal Plaza. Ellos exigían que los detenidos fueran liberados y denunciaban lo que consideraban una acción intimidante contra los trabajadores informales e inmigrantes.
Agencia Reuters
Las imágenes de los empujones, gritos y consignas (“ICE out now”) y la tensión con los agentes federales han sido difundidas por medios nacionales e internacionales.

Voces oficiales

Eric Adams, el alcalde de Nueva York, se distanció de la operación y reafirmó que la ciudad no colaborará con las deportaciones civiles a manos del gobierno federal.

La gobernadora Kathy Hochul censuró con severidad la actuación, argumentando que atacar a quienes viven en Nueva York “no hace más segura a la ciudad”.
El senador Chuck Schumer calificó la redada como “indiscriminada, equivocada y devastadora”.

Entidades de derechos civiles

El Defensor Público Jumaane Williams y entidades como la New York Immigration Coalition denunciaron que las acciones del gobierno federal eran “terror sin ley” y no respetaban el debido proceso.
Letitia James, la fiscal general del estado de Nueva York, creó un portal en línea para que los residentes pudieran subir videos del operativo y así se investigue cualquier violación de derechos.

¿Cuál es el contexto más amplio?

La redada no se da de manera aislada. En el marco de la administración Trump, el endurecimiento de las políticas migratorias ha implicado un incremento de las operaciones de ICE con mayor visibilidad, mayor fuerza federal y una retórica de “orden y deportación”.

En ciudades tradicionalmente consideradas “ciudades santuario” como Nueva York —que limitan la cooperación de las fuerzas locales con ICE— estas acciones generan tensiones profundas entre autoridades locales, federales y comunidades inmigrantes.

Además, Canal Street, ubicada en el Bajo Manhattan, es una zona comercial reconocida por sus vendedores ambulantes —algunos regulares, muchos informales—, y por la venta de productos imitativos (réplicas) que atraen turistas y compradores. Eso la convierte en zona de interés tanto para las fuerzas del orden como para quienes denuncian el lado informal y vulnerable del comercio en la ciudad.

Las consecuencias para los inmigrantes, la ciudad y los vendedores

Para los comerciantes ambulantes

La operación despertó preocupación entre los vendedores ambulantes que luchan diariamente por ganarse la vida. La presencia de agentes federales hizo que muchos expresaran miedo a ser apresados, a que su mercancía fuera confiscada o a que disminuyera su clientela.
Si bien algunos comerciantes y residentes vieron favorablemente los operativos, argumentando que la limpieza del área favorecería al comercio formal, otros pensaron que la seguridad pública no se mejora a través de amenazas, sino mediante políticas que incluyan y protejan a los ciudadanos.

Para la población inmigrante

La redada aumentó la percepción de inseguridad y desprotección en las comunidades de inmigrantes, incluyendo a aquellas que no participaban en trabajos informales. La detención de ciudadanos estadounidenses reforzó la sensación de que cualquier individuo podría estar en peligro. El sitio web de la fiscal general Letitia James para denunciar abusos es una señal de la inquietud institucional frente a eventuales infracciones a los derechos.

Para la conexión entre el gobierno y la ciudad

Las tensiones entre la autoridad local y la federal se hicieron evidentes. La ciudad de Nueva York reafirmó que no respalda la colaboración en expulsiones civiles y que, en lugar de eso, da preferencia a los recursos para luchar contra el crimen violento, no contra los inmigrantes indocumentados o vendedores ambulantes que trabajan.
Por otra parte, los federales han demandado más colaboración y han advertido que aumentarán las redadas en “ciudades santuario”.

¿Qué hay de legalmente relevante?

Existen varios elementos que llaman la atención desde el punto de vista jurídico:

  • La detención de ciudadanos estadounidenses sin cargos por casi 24 horas —como en este caso— plantea preguntas graves sobre la legalidad del procedimiento.
  • El uso de fuerza, vehículos estilo militar y agentes federales en operaciones urbanas sensibles genera cuestionamientos sobre proporcionalidad y respeto a derechos civiles.
  • Las políticas locales de “no cooperación” con federales imponen límites prácticos a cómo pueden operar estos agentes en ciudades que no colaboran en deportaciones.
  • La creación de mecanismos de monitoreo estatal, como el portal de la fiscal general, refleja un nuevo nivel de supervisión institucional.

¿Por qué es relevante este caso?

Este acontecimiento es importante por diversos motivos:

  • Exposición pública: Los medios cubrieron la operación en gran medida, lo que suscitó una discusión a nivel nacional sobre derechos humanos, inmigración y seguridad pública.
  • Efecto en la comunidad: Además de los arrestados, el mensaje que se envía provoca temor y puede poner en riesgo la confianza entre las comunidades y las autoridades, así como impactar negativamente al comercio informal.
  • Política migratoria en la balanza: Muestra el enfrentamiento entre un enfoque federal más agresivo y modelos locales que persiguen una perspectiva más comunitaria y humana.
  • Derechos y procedimientos: Cuestiona si, por razones de seguridad, se renuncia a derechos esenciales como la protección contra arrestos arbitrarios, la presunción de inocencia o el debido proceso.

¿Qué efectos podrían surgir?

  • ICE tiene la posibilidad de ampliar este tipo de operaciones en otras ciudades que se consideran “santuarios”, lo cual podría causar más tensiones.
  • Las autoridades municipales podrían fortalecer sus políticas de impunidad cero para las víctimas de redadas, exigiendo más transparencia y supervisión.
  • Las comunidades inmigrantes podrían tener una mayor movilización, al organizar protestas, demandas judiciales y ejercer presión política para que haya cambios en el sistema de inmigración.
  • Desde el punto de vista legal, podrían existir demandas por arrestos excesivos o ilegales y la cobertura mediática de estas operaciones podría ser más extensa.

Cierre

La redada de ICE en el Bajo Manhattan no fue un suceso aislado, sino un acontecimiento importante que abarca temas de inmigración, comercio informal, justicia y derechos de los habitantes de una de las ciudades más diversas del país. El mensaje es diáfano: la política migratoria no se limita a la frontera; también está presente en las aceras de las calles comerciales de Nueva York. Aunque la lucha contra la venta de mercancías falsificadas es legítima, muchos se preguntan si el procedimiento fue justificado y si el daño colateral que causó —protestas, miedo y posibles abusos— merece los resultados obtenidos.

La interrogante que se plantea es: ¿cómo equilibrar los derechos civiles con la seguridad? ¿Y cuál será el enfoque futuro para ciudades como Nueva York, donde la inmigración, la diversidad cultural y el comercio informal son componentes vitales de su estructura urbana?

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